La diputada nacional justicialista, Blanca Osuna, realizó un comunicado sobre la aprobación del proyecto que establece que el Gobierno Nacional deberá actualizar las partidas presupuestarias para las casas de estudios
Durante la madrugada de hoy, en la sesión especial de la cámara baja, se logró la media sanción de Financiamiento para Universidades.
La urgencia para asegurar los recursos para las universidades públicas quedó claramente evidenciada en la histórica marcha educativa del 23 de abril, que exigió al gobierno de Javier Milei una respuesta inmediata.
Tras varios intentos, se logró arribar a acuerdos a pesar de la negativa del bloque oficialista tras cuatro meses de su presentación. La situación crítica afecta actualmente a estudiantes, docentes y no docentes, así como a los desarrollos de investigación y servicios a la comunidad que brindan las casas de estudios.
La diputada Blanca Osuna, vicepresidenta de la comisión de educación, señaló que si comparamos lo ejecutado, la caída es del 31%. Enfatizó que el proyecto busca abordar una crisis crítica, con universidades enfrentando recortes significativos en el presupuesto para salarios y funcionamiento. “El financiamiento de las universidades y la ampliación de las becas estudiantiles son cruciales para garantizar el acceso y la calidad de la educación superior en Argentina.” explicó Osuna.
Reivindicó la ley que garantiza la asistencia financiera y la ampliación anual de becas estudiantiles, reforzando el Programa PROGRESAR.
Osuna planteó el valor de la gratuidad de Juan Domingo Perón y la creación de nuevas universidades durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
También subrayó la importancia de mantener y fortalecer el sistema universitario democrático, federal y gratuito. “La educación superior es un derecho no transable, un derecho humano y un bien social que debe ser defendido.” remarcó la Diputada.
La diputada hizo un llamado a la responsabilidad del Estado en la implementación efectiva de estos recursos y advirtió sobre el riesgo de que las universidades y los centros de investigación queden paralizados si no se cumplen estas obligaciones.
